Derecho a la pensión de viudedad de las parejas de hecho: funcionarios del estado

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La Sección Cuarta de la Sala III, de lo Contencioso- Administrativo, del Tribunal Supremo ha estimado un recurso de casación interpuesto por este bufete de abogados que tenía por objeto determinar si el único medio de prueba válido para acreditar la convivencia estable e ininterrumpida de una pareja de hecho es mediante el certificado de empadronamiento, o si, por el contrario, es posible acreditarla mediante otros medios de prueba distintos.

Para que las parejas de hecho puedan generar derecho a la prestación de viudedad es necesario que cumplan dos requisitos (al margen del periodo de cotización, alta y necesidad económica):

  • Un requisito material: Inscripción de la pareja de hecho, esto es, publicidad y constitución de la pareja de hecho con una antelación mínima de dos años al fallecimiento del causante.
  • Un requisito formal: Convivencia estable y notoria de cinco años con carácter inmediato al fallecimiento del causante.

Nuestra clienta constituyó pareja de hecho con un funcionario de la administración del estado. Cuando falleció, constaban inscritos en el registro de parejas de hecho de la Comunidad Valenciana y acreditaban una convivencia ininterrumpida de más de nueve años.

Sin embargo, la Ley General de la Seguridad Social y el Real Decreto Legislativo 670/1987 de Clases Pasivas del Estado recogen en sus respectivos artículos 221.2 (anterior 174.3) y 38.4 que la convivencia se acreditará mediante certificado de empadronamiento.

En primera instancia se denegó a nuestra defendida el derecho a la pensión de viudedad por falta de empadronamiento conjunto durante 5 años, a pesar de que al Tribunal le quedó acreditada la convivencia estable e ininterrumpida durante más de 9 años.

Recurrimos la decisión ante el Tribunal Supremo -que nunca se había pronunciado sobre esta cuestión- en base a los siguientes argumentos:

1.- La normativa para que las parejas de hecho puedan tener acceso a la pensión de viudedad tiene idéntico contenido en la Ley General de la Seguridad Social y en el RD Legislativo 670/1987 de Clases Pasivas del Estado.

2.- Los funcionarios públicos se someten al orden contencioso administrativo, mientras que el personal asalariado se somete al orden Social de la jurisdicción. La única diferencia entre ellos es la naturaleza del vínculo.

3.- La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, interpretando la normativa de la Ley General de la Seguridad Social, afirma que el requisito de convivencia puede acreditarse no solo mediante empadronamiento conjunto sino mediante cualquier otro medio de prueba admisible en derecho con suficiente convicción.

4.- Dada la ausencia de criterios doctrinales de la Sala Contencioso Administrativa al respecto, se hace necesario volver la mirada a la consolidada doctrina unificada de la Sala de lo Social del Alto Tribunal dada la identidad del redactado de ambas normas. Los criterios de ambas salas deben coincidir por mera expectativa de buen derecho, seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la Ley.

5.- El único elemento diferenciador entre ambas situaciones (naturaleza del vínculo) no es un elemento objetivo y razonable que permita la desigualdad de trato en orden al acceso a prestaciones de seguridad social.

6.- Hay que atender a la voluntad del legislador, que pretende proteger la situación de necesidad en la que se encuentra el superviviente que ha mantenido una relación sentimental equiparable al matrimonio. Por ello no solamente se exige la inscripción como pareja de hecho, sino que, además, se acredite una convivencia estable y conocida con el causante. Ello es así porque, de otro modo, se podrían proteger situaciones realizadas en fraude de Ley.

Sin embargo, el empadronamiento común no acredita la convivencia estable y notoria, pues es una situación administrativa referida a la residencia y al establecimiento de un domicilio también a los efectos del cumplimiento de obligaciones de derecho público que no siempre coincide con la residencia real del ciudadano.

El Alto Tribunal estimó el recurso de casación afirmando que el requisito de convivencia estable y notoria al menos de cinco años previos al fallecimiento del causante, exigido por el artículo 38.4 del Real Decreto Legislativo 670/1987, puede ser acreditado, además de mediante el certificado de empadronamiento, por cualquier otro medio de prueba válido en derecho que la demuestre de manera inequívoca.

Karen Santarrufina Natividad

Directora del Departamento Laboral de Durán & Durán Abogados

Máster en Derecho Laboral por el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE), obteniendo el Premio Extraordinario al mejor expediente académico. Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia (UV). Profesora de Procesal Laboral en Big Data ISDE.

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Karen Santarrufina Natividad

Directora del Departamento Laboral de Durán & Durán Abogados.

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